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Colaboraciones, Historia, Legalidad en los cementerios

El ámbito de protección del derecho de disposición sobre el cadáver (Continuación)

Proceso ejemplo

Litis:

Hijo demanda a ambas hermanas por su derecho como heredero a elegir fecha de exhumación de su padre y sitio de ubicación, ante su deseo de exhumar al padre y llevarlo hacia el cementerio de la localidad donde ambas habitan. (Hijas del fallecido, menores de edad y representadas legítimamente por sus respectivas madres ejerciendo el derecho de patria potestad.

Desde la propia pretensión, sin entrar aún en los fundamentos de derecho, ya se observaba un inconveniente, que estaba dado por una reclamación que se hacía desde la posición de heredero, lo que lleva implícito que se esté hablando de bienes patrimoniales, de adjudicación en concepto de propiedad y por otra parte una discutida prioridad reclamada, a pesar de encontrarnos ante herederos de igual grado.

Interrogantes:  Ello lleva a poner sobre la mesa las siguientes interrogantes: ¿Es el cadáver o sus partes un bien patrimonial susceptible de transmisión hereditaria?, ¿Es la condición de heredero la que legitima para ejercitar el derecho de disposición sobre el cadáver? ¿Podemos hablar de un derecho de propiedad? ¿Puede existir alguna preferencia entre herederos o familiares de igual grado para disponer el destino final de un cadáver?

Cuando se estudia la categoría patrimonio, se aprecia que la misma está conformada por aquellos derechos y obligaciones y los bienes sobre los que recaen los primeros, siempre de carácter económico, pasando a convertirse en herencia aquellos que son transmisibles por causa de muerte. El patrimonio forma parte de la esfera jurídica general de la persona pero no la agota, y en esa esfera jurídica general se encuentran los derechos inherentes a la personalidad y los bienes personalismos, como la imagen, la intimidad, el honor o el cuerpo, que en el caso de éste último muta en cadáver, pero queda siempre fuera del patrimonio.

Entender los bienes jurídicos como categoría general parece más acertado a la hora de hacerle frente a la multiplicidad de objetos de la realidad social, que tienen trascendencia para el Derecho. Se pudiera intentar definir como bienes jurídicos a todos éstos, pues el Derecho le confiere el matiz de la juridicidad, entendiendo como bienes jurídicos a todo aquello que tiene alguna utilidad o valor para el hombre, ya sea material o espiritual, y que es regulado por el Derecho, tenga o no, naturaleza económica. Por lo tanto, las cosas evaluables patrimonialmente serían una especie dentro del género bien.

Afortunadamente la sentencia dictada por el Tribunal Provincial se manifestó acertadamente en el sentido expuesto:

“(…)si se analiza en primer orden que desde el punto de vista doctrinal la herencia se define como al acto jurídico mediante el cual se trasmiten los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida, a otra u otras personas que se denominan herederos, ello indica que la herencia ésta vinculada fundamentalmente con el patrimonio, pues el objeto de la sucesión lo constituye la masa o conjunto de relaciones patrimoniales, en correspondencia incluso con lo normado en el ordinal cuatrocientos sesenta y seis, del citado cuerpo legal, de manera que en modo alguno los restos del cadáver del progenitor del actor deben entenderse como integrantes de su herencia, determinando así que no exista prioridad alguna ni derechos para sus herederos en cuanto a la disposición sobre los mismos”. Lo que dio lugar a que declarara sin lugar la demanda.

El cadáver es una manifestación física de lo que fue la sede de la persona, su cuerpo. Ergo, el título sucesorio hereditario no nos dice nada respecto a una posibilidad de disponer sobre los restos mortales de un individuo o con vistas a una posible adjudicación del mismo en cuanto propiedad.

(continuará)

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El ámbito de protección del derecho de disposición sobre el cadáver

Del autor: Jorge Enriquez Sordo Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en el año 2006. Máster en Bioética por la Universidad de la Habana en el año 2013. Ha ejercido como juez profesional y Notario Público en la provincia de La Habana. Profesor con categoría docente principal de auxiliar, contratado a tiempo completo en la Facultad de Derecho de La Universidad de La Habana, hallándose adscrito a su Departamento de Derecho Civil y Familia. Correo electrónico: jenriquezsordo@gmail.com

A partir de la tesis ¿Cuenta el ordenamiento jurídico cubano con herramientas suficientes para tutelar el derecho de disposición sobre el cadáver? del Licenciado Jorge Enriquez Sordo, intentamos realizar un estracto hacia un lenguaje menos formal y más cercano al entendimiento popular, para analizar el tema tan controversial que se presenta, causa primera de litigios en los cementerios. Estaremos publicando una versión del artículo, respetando el derecho de autor en todos los estudios, apuntes y analisis del autor, añadiendo solamente, en determinados puntos, citas esclarecedoras desde  nuestra experiencia profesional. Esperamos que sea de interes de los lectores y suscitar un dialogo e intercambio que aporte interesantes opinioes al respecto, asi como generar interes entre los agentes e institucines que se vinculan profesionalmente con la materia..

Tutela o derecho de disposicion sobre un cadáver.

El primer concepto a tener en cuenta es el relativo a la definición de Patrimonio: En este sentido se expresa: “El patrimonio puede ser definido como el conjunto de relaciones jurídicas de contenido económico sometidas a un régimen unitario de gestión y de responsabilidad”. Y más adelante añade: “La cosa o el bien ha de tener un valor económico, han de ser susceptibles de valoración, por lo que no se integran en el patrimonio los bienes que no son susceptibles de valoración como es el caso de los bienes de la personalidad (vida, honor, etc.), los cuales si bien entran dentro de la esfera jurídica de la persona no pertenecen al patrimonio en sentido estricto”.

En torno al ejercicio del derecho de disposición sobre el cadáver se pueden suscitar diversos conflictos. Ante la muerte de la persona natural y habiendo manifestado su voluntad en vida con respecto a la suerte de su cadáver o sus partes, corresponde al cónyuge o los familiares, según la proximidad de los afectos, ejecutar esa voluntad y protegerla. Pero en el cumplimiento ello pueden suscitarse discrepancias de mejores derechos; y si la norma no es clara, como en el caso cubano, la posibilidad de solución extrajudicial se hace más difícil. Igual conflicto se puede originar ante la ausencia de manifestación de voluntad en vida del finado. Hay un derecho personalísimo cuando la propia persona hace uso de su derecho en vida, que también se extiende sobre cosa futura al poder decidir sobre el destino de su propio cadáver. Al poder decidir, solo limitado por los intereses públicos; ese derecho cuando se ejercita excluye el de los parientes, no requiere la manifestación por acto solemne testamentario, es unilateral y revocable, y solo se admite cuando no depende de contraprestaciones en dinero, es decir, cuando no es oneroso”. El derecho personalísimo se extingue con la muerte, cuando no fue definido en vida, y con ello nacen en los más próximos parientes un derecho familiar a la tutela de la memoria pretérita de la persona y de su última voluntad si se hubiera manifestado en este sentido, pero por otra parte un derecho familiar que permite disponer y custodiar dentro de los límites que establece el derecho (moral, costumbres, salud pública) los restos de esos seres queridos, siempre diferente al derecho de propiedad y nunca transmisibles mortis causa. Es importante esta distinción pues hablamos de situaciones jurídicas de poder que recaen sobre el mismo objeto, pero de disímil naturaleza y características en dependencia del sujeto que lo ejercite. Cuando la propia persona hace uso de su derecho en vida estamos ante un derecho personalísimo, pero, cuando los familiares ejecutan esa voluntad o disponen en ausencia de voluntad del finado, estamos ante un derecho de naturaleza familiar.

Al suscitarse una litis por desacuerdo en la decision el caso puede ser presentado ante tribunales para derimir la querella. ¿Qué tutela brinda el proceso ordinario a este derecho? En el proceso en cuestión, las partes se verían obligadas a transitar por toda su tramitación para obtener un pronunciamiento que dirima la litis. En lo que atiende al derecho de disposición sobre el cadáver no parece ser viable, toda vez que el proceso sería inútil, ante disputas de preferencia por determinar el lugar del entierro, la realización o no de exequias, la cremación o la inhumación, la dación de órganos y tejidos para salvar vidas humanas, la práctica o no de autopsia, entre otras posibles situaciones, ya que la tutela que a éste se le brinde debe ser encauzada con celeridad, y se trata de obtener una respuesta rápidlas a, pues generalmente de ello depende una accion que tiene un tiempo limite establecido por normas referidas para la manipulacion de cadaveres, o la donacin de organos, entr otros. El proceso ordinario se encuentra regulado en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico desde el artículo 223 hasta el 356 El artículo 223 fija los asuntos que por razón de la materia deben ser ventilados en él. Este precepto se compone de tres apartados, pero de ellos sólo dos son útiles en aras de la protección del derecho objeto de análisis. El apartado I) permite el conocimiento de las demandas de contenido económico que excedan de diez mil pesos o sea indeterminables lo reclamado o el valor de los bienes. Con respecto a lo que dispone son de aplicación las valoraciones que hicimos al referirnos a similar precepto contenido en el proceso sumario, pues su regulación sólo varía en lo concerniente a la cuantía. A contrario sensu, si amerita analizar detenidamente el apartado 3. En él se establece que podrán acceder al proceso ordinario todas las demandas que no tengan asignado otro procedimiento en la Ley. Esta es una norma residual, que no es exclusiva del ordenamiento cubano, sino que se hace común en muchos de los ordenamientos procesales extranjeros, como mecanismo para evitar el casuismo, o la proliferación de procesos especiales en la norma según casos presentados o derechos existan, además de ser una forma abstracta de dar respuesta a la riqueza de la vida jurídica de cualquier sociedad, incluyendo los actuantes sobre bienes y derechos de naturaleza no pecuniaria. A través de este proceso se puede encausar el arsenal de acciones en sentido concreto que propone la ley sustantiva como medios de tutela a los derechos no patrimoniales. (Recordar concepto de patrimonio) Otro elemento que conspira contra la eficacia de la norma procesal en esta sede es su rigidez, pues no otorga la posibilidad al juez de arbitrar y valorar la urgencia de los casos, y que pueda determinar tramitarlos por uno u otro proceso, según sea la premura ante el daño causado o la controversia. Esto es algo que la doctrina procesal moderna ha venido señalando con insistencia en los últimos años y como una deficiencia de los viejos códigos procesales. (Sugerencia) La técnica consiste en establecer diferentes procesos modelos, con diferente amplitud de la cognitio y autorizar al juez a discernir cual utilizar ante la urgencia del caso que se presenta a su conocimiento. Ésta constituye una solución de avanzada, que pudiera coadyuvar; de implementarse en nuestra legislación, a una tutela más efectiva de este derecho. Con las miras puestas en que la sentencia que en su día se dicte no sea ineficaz, ni provoque un perjuicio mayor que el beneficio que debe propiciar. Con ello también se procuraría una mayor adaptabilidad de la norma a los cambios y diversidad de matices que existen en nuestra sociedad, al mismo tiempo que evita la multiplicidad de procesos especiales, y descongestiona y mantiene la abstracción del cuerpo legal. Es demostrada la insuficiencia del ordenamiento jurídico patrio para tutelar el derecho controvertido, pero acotado el tema a una de las manifestaciones del ejercicio de éste y a algunas cuestiones que guardan relación con la protección del mismo en el orden normativo, que no tiene que ver estrictamente con las acciones o con el tipo de proceso que se escoja, pero que inciden en que su ejercicio devenga o no eficaz, como por ejemplo: la ausencia de definición de la figura, la inexistencia de normas que determinen quienes son los sujetos legitimados para actuar en determinado momento ante un acto dispositivo sobre el cadáver y qué prioridad puede existir entre ellos; la incertidumbre en cuanto a su naturaleza jurídica, qué hacer ante la actitud pasiva del juzgador dada su deficiente cultura jurídica o qué hacer ante la falta de ésta en los letrados que representan a las partes en el proceso, y que, puede llevar a que el fallo que en su día se dicte deje en estado de indefensión al justiciable.

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Retos para el 2021

Estimados cibernautas

Después de un corto receso por causas técnicas, retornamos para seguir compartiendo nuestra visión sobre el patrimonio funerario y su imporancia para la sociedad y la historia.

Este año plantea nuevso retos de los cuales les haremos partícipes y cómplices, una vez más, para ganar en aprendizaje y alcanzar mayor espacio y alcance social.

El reto mas importante que nos imponemos hoy es trabajar en la búsqueda de alternativas de capacitación medidante la vinculación con el sistema educacional, para crear una posibilidad de calificación para los puestos de Sepulturero, que les permita alcanzar una mejora en su estatus social, y económico, al valorizar su trabajo, y reconocer aquellos conocimientos que para su práctica laboral requieren, y que deben ser transmitidos a través de un sistema de formacion fundamentado y reconocido. 

Convocatorias

XIII Conferencia Internacional del Patrimonio de los Pueblos y sus Culturas.

CONVOCATORIA XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS Y SUS CULTURAS.
Del 17 al 21 de marzo del 2020.
La provincia Granma nos convoca cada año a reflexionar y debatir desde la diversidad cultural de los pueblos, el manejo y gestión en la salvaguardia del patrimonio y la difusión de sus valores.
El Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Granma y el Museo Provincial “Manuel Muñoz Cedeño”, con el coauspicio de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la Universidad de Granma, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Dirección Provincial de Cultura en Granma, convocan a la XII Conferencia Internacional del Patrimoniode los Pueblos y sus Cultura, a desarrollarse del 17 al 21 de marzo del 2020.
El Comité Organizador de este magno evento le invita a confrontar ideas, experiencias y proyectos, acerca del patrimonio cultural de los pueblos, como consecuencia de un progresivo reconocimiento institucional y social de los valores y cualidades del mismo en la construcción de las naciones y su memoria a lo largo de la historia.
TALLERES CONVOCADOS:
Taller 1: Colecciones. Su estudio y divulgación.
Taller 2: Trabajos de conservación y restauración en sitios históricos, monumentos y centros históricos urbanos. Su relación con el turismo cultural.

Taller 3: Patrimonio inmaterial. Sus manifestaciones y transmisión. Proyectos para su salvaguarda.
Taller4: Patrimonio subacuático. Estudios y resultados. Sitios sin estudiar en peligro.

Taller 5:Patrimonio arqueológico. Estudios, investigaciones y socialización.

Taller 6: Patrimonio natural: parques nacionales, sus valores y explotación. Medidas de conservación. Riesgos.

Taller 7: Patrimonio funerario: cementerios patrimoniales, inventarios, intervenciones, gestión para su protección.

En esta ocasión la provincia invitada será Sancti Spíritus.
Se premiará el Concurso Provincial de Pintura para artistas, creadores de la provincia de Granma; la temática se relacionará con el Patrimonio Cultural empleando técnicas y materiales alternativos.
MODALIDADES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO:
Conferencias, Paneles de Discusión en Plenario, Poster, Cursos Pre-evento, así como Exposiciones y Estudio de casos relacionados con los temas,
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
El resumen de las ponencias se enviará hasta del 15 de enero de 2020, fecha de cierre de la inscripción del evento, observando que los mismos no excedan las 250 palabras. Los resultados se darán a conocer dos semanas posteriores a la recepción del mismo.
Las ponencias seleccionadas deberán ser enviadas hasta el 15 de febrero del 2020. No excederán de 15 cuartillas. Se utilizará tipografía Arial 12, con espaciado 1.5 y estarán acompañadas del currículo de su autor o autores.
Cuota de Inscripción:
Nacionales ___300.00 pesos MN.
Estudiantes ___150.00 pesos MN.
La acreditación de los participantes nacionales incluye: credenciales, suvenir, alimentación, cursos pre-evento, coctel de bienvenida, créditos de participación y publicación, recorridos a monumentos nacionales y locales, sitios históricos y culturales de la provincia, transportación interna y actividad de clausura.
Cuota de Inscripción:
Extranjeros ___80.00 CUC.
Estudiantes ___25.00 CUC.
Para los participantes extranjeros, la agencia de viajes PARADISO en Granma será el representante oficial, y ha diseñado una oferta que incluye alojamiento, alimentación, credenciales y un recorrido por lugares emblemáticos del Patrimonio Cultural Cubano post-evento.
Los trabajos serán enviados a:
• Directora Provincial de Patrimonio Cultural en Granma:
Lic. Rosa María Rodríguez García. Dirección electrónica: direccionpatgr@crisol.cult.cu Teléfono: 2342-2992 o 2342-7930 o 2342-8121.

Colaboraciones, Legalidad en los cementerios, Necrópolis Cristóbal Colón, Noticias

Registro del Estado Civil

La actividad registral del Estado Civil está regulada fundamentalmente por la Ley número 51, de 15 de julio de 1985, Ley del Registro del Estado Civil, y su Reglamento, la Resolución número 249, de 30 de noviembre de 2015.
A los procesos o trámites de la actividad registral no se le aplica una tarifa, solo se exige el cumplimiento de la Ley
número 113, de 23 de julio de 2012, Del Sistema Tributario, para lo cual se presentan sellos por el valor que corresponda.
El Registro del Estado Civil es una institución de carácter público en el que se inscriben todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas y se encuentra integrado por las Secciones de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones y Ciudadanía.

El Registrador del Estado Civil es el funcionario facultado para inscribir y dar publicidad a los actos y hechos mencionados anteriormente, manual, mecánicamente o a través del sistema informático diseñado para la actividad registral del Estado Civil, en el caso de las oficinas que cuenten con dicho sistema.
El Registrador del Estado Civil ejerce sus atribuciones en oficinas que se encuentran subordinadas a los órganos del Poder Popular en cada municipio o provincia, según su competencia.

PROCESOS O TRÁMITES:
■ Inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones.
■ Inscripciones de notas marginales.
■ Subsanaciones de errores.
■ Cambio, adición, modificación o supresión de nombres y apellidos.
■ Inscripciones fuera de término de nacimientos, matrimonios y defunciones.
■ Reconstrucción o reinscripción de asientos.
■ Toma de declaraciones.
■ Formalización de matrimonios.
■ Búsquedas de inscripciones.
■ Expedición de certificaciones.
■ Reconocimiento de filiación materna o paterna.
■ Denegación de inscripciones o reconocimiento de filiación.

Subsanaciones de errores.
Para la solicitud de la promoción de expedientes de subsanación de errores el interesado a su representante, concurre ante el registrador del Estado Civil de la Oficina Registral de su domicilio o donde obre la inscripción que se pretenda subsanar, para lo cual debe presentar además del escrito de solicitud, pruebas documentales que justifiquen la existencia del o los errores, el o los documentos que acrediten tener interés en la promoción del expediente y sello por valor de diez pesos.

Cambio, Adición, Modificación o Supresión de Nombres y Apellidos.
El cambio, adición, modificación o supresión de nombres y apellidos, se puede efectuar una vez, y hasta dos veces, si la persona fuere mayor de edad y el primer cambio se efectuó siendo menor de edad.
La promoción del expediente se efectuará ante el registrador del Estado Civil de la Oficina Registral del domicilio de la persona interesada o donde obre la inscripción de su nacimiento.

Para la autorización del cambio, adición, modificación o supresión de nombres y apellidos se exigirá el cumplimiento  de algunos de los requisitos siguientes:
■ Que la persona pruebe documentalmente que es conocida socialmente por los nombres o apellidos que solicita;
■ Cuando los nombres o apellidos que se tienen, conformen palabras con características poco comunes a la
generalidad de los utilizados en la sociedad, o que con ellos se identifiquen hechos, objetos, animales o cosas.

Si la persona es mayor de edad debe presentar:
■ Escrito de solicitud.
■ Certificación de nacimiento.
■ Certificación de sus antecedentes penales.
■ Certificación de matrimonio, si es casado.
■ Certificación de nacimiento de sus hijos, si los tiene.
■ Impuesto sobre documento mediante sello por valor de 20.00 cup.
■ Declaración jurada ante notario.

Si la persona es menor de edad es necesaria la autorización de ambos padres, así como los siguientes documentos:
■ Escrito de solicitud.
■ Certificación de antecedentes penales, si el menor estuviere comprendido entre los 16 y 18 años de edad.
■ Impuesto sobre documento mediante sellos por valor de 20.00 cup
■ Declaración jurada de los promoventes ante notario.

Inscripciones fuera de término de nacimientos, matrimonios y defunciones.
Para la promoción de los expedientes fuera de término y de reconstrucción o reinscripción los interesados solicitarán el servicio ante el registrador del Estado Civil donde se encuentre su domicilio o en el lugar donde haya ocurrido el nacimiento, matrimonio o defunción, para lo cual presentarán el documento que pruebe la ocurrencia del hecho o acto, así como el interés que le asiste.

Toma de declaraciones.
Para el ejercicio de la actividad registral del Estado Civil el Registrador puede tomar declaraciones a los interesados, que surten efectos solamente en su oficina, relacionadas con el nacimiento, el matrimonio, la defunción, la filiación o cualquier otro aspecto relacionado con el estado civil de las personas.

Reconocimiento de filiación.
Las declaraciones de reconocimiento de filiación se tomarán en la oficina registral del Estado Civil donde obre la inscripción de nacimiento. También pueden concurrir ante Notario
Público a realizar dicha declaración.
Si la persona que se va a reconocer es mayor de edad deben concurrir las tres voluntades, es decir, los presuntos
padres o uno de ellos si el otro hubiera declarado el nacimiento, y el inscripto, a fin de practicar el reconocimiento de paternidad o maternidad según corresponda.
Cuando se trata de un menor de edad y al momento del nacimiento los padres no se encuentran unidos en matrimonio formalizado o reconocido judicialmente, pueden acudir ante el registrador del Estado Civil a fin de practicar el reconocimiento de paternidad o maternidad según corresponda.
Si uno de los padres del menor es ciudadano extranjero o hijo de un ciudadano cubano residente fuera del territorio nacional, deberán aportar documento expedido en la Dirección Jurídica de Inmigración y Extranjería, en el que se acredite las entradas y salidas del país del padre o la madre, según corresponda y en este caso la declaración jurada se formulará ante notario de Consultoría Jurídica Internacional o Bufete Internacional.

El reconocimiento de hijos es un acto personal, indelegable.

Formalización de matrimonio.
Para la formalización del matrimonio se presentará:
■ Documento de identidad.
■ Documento que acredite el estado conyugal de los contrayentes, si uno o ambos contrayentes son divorciados,
certificación de divorcio expedida por el registrador del Estado Civil, certificación de sentencia firme de divorcio o
escritura notarial de divorcio. Si una de las parte es viudo debe presentar la certificación de viudez, expedida por el registrador del Estado Civil o certificación de matrimonio y certificación de defunción del cónyuge fallecido.
■ Dos testigos.

Además, la mujer cuyo matrimonio se haya extinguido y se disponga a formalizar uno nuevo antes de transcurrir 300 días de dicha extinción, deberá acreditar mediante certificado médico, expedido por una unidad del Sistema Nacional de Salud, si se encuentra o no en estado de gestación.
En el caso del cubano que se encuentre temporalmente en el extranjero y pretenda formalizar matrimonio con un ciudadano no cubano, debe solicitar la certificación de su capacidad legal, ante el Cónsul Cubano del país donde se encuentre o ante el registrador del Estado Civil donde obre inscripto su nacimiento o en el registro de su domicilio, y para ello debe aportar certificaciones de su nacimiento y estado conyugal. Dichos documentos para que surtan efectos fuera del territorio nacional, deben legalizarse por los funcionarios facultados y traducirse si corresponde.
Los menores de 18 años de edad podrán formalizar matrimonio, previa autorización de ambos padres y, siempre que la hembra tenga 14 años cumplidos y el varón 16 años, también cumplidos.

Este trámite es personal.

Expedición de certificaciones.
Las certificaciones se expiden de dos formas:
■ En extracto.
■ literales, previa autorización del director provincial de justicia que corresponda o del Municipio Isla de la Juventud.

El registrador del Estado Civil expedirá las certificaciones los términos siguientes:
■ Si el asiento es del propio registro y está en el Sirec
(hasta 2 días).
■ Si el asiento es del propio registro y no está en Sirec (hasta 5 días).
■ Si el asiento es de otro registro y tiene conexión (hasta 7 días).
■ Si el asiento es de otro registro y no tiene conexión (hasta 15 días).

Búquedas de inscripciones.
Las búsquedas se realizan cuando el interesado no conoce el tomo y folio donde se encuentra la inscripción y para ello debe ofrecer nombres y apellidos de la o las personas y la fecha exacta y lugar donde ocurrió el hecho o el acto y sus términos son:
■ Si el asiento es del propio registro (hasta 3 días).
■ Si el asiento es de otro registro (hasta 5 días).

Las certificaciones no tienen vencimiento, con excepción de las de soltería y capacidad legal que su vigencia es de seis meses, a partir de la fecha de su expedición.

Fuente:

https://www.minjus.gob.cu